La reforma busca homologar penalidades y criterios de investigación en todo el país, cerrar vacíos legales y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.
El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen a la minuta que reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión, y envío el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su consideración.
La asamblea aprobó la minuta con 106 votos a favor. El proyecto se deriva de una iniciativa presentada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó que la reforma permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país, y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.
El dictamen subraya que se busca evitar “una indebida fragmentación jurídica, que impacta en la procuración e impartición de justicia y provoca inseguridad para las víctimas”, y advierte que la disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales permite que la delincuencia organizada utilice antinomias jurídicas para evadir la justicia.
Por ello, expedir una ley general constituye un paso indispensable para crear un marco jurídico homogéneo con criterios uniformes de investigación, persecución y sanción.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que la reforma “unificará criterios, cerrará vacíos legales y protegerá de manera integral a la sociedad, al fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito”.
Agregó que la extorsión “la padece todo México, pues es un ilícito que requiere de toda la atención por sus múltiples modalidades y por la disparidad en las legislaciones estatales, que han permitido que esta práctica se expanda como una ‘sombra letal’ que sacrifica vidas, acaba con familias, invade negocios y no es incentiva para la actividad económica del país”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, aseguró que la extorsión “no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, negocios, instituciones y comunidades completas”, y destacó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, un incremento del 57% en seis años.
Además, el INEGI reportó que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del Producto Interno Bruto (PIB).
El senador emecista, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que la extorsión erosiona el comercio local y el emprendimiento, y destacó que las carpetas de investigación aumentaron de entre 400 a 500 en 2015 a más de 850 en 2025.
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, subrayó que la impunidad desincentiva la denuncia y que en muchas comunidades existe el “cobro de piso” directo en los negocios.
Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, coincidió en la necesidad de homologar la regulación, aunque enfatizó que legislar “no lo resuelve todo, por lo que es indispensable una estrategia eficaz”.
El régimen transitorio establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para aprobar la ley general en la materia.
Mientras tanto, seguirán vigentes las leyes actuales, tanto federales como locales, que regulan este delito.
Además, la legislación incluirá un apartado transitorio donde se definirán los tiempos y mecanismos para que tanto la Federación como los estados armonicen sus normas con la nueva ley general.
