Artículo 19 México y Centroamérica presentó el reporte “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, en el que documentó y alertó sobre un incremento preocupante en el uso del sistema judicial como herramienta de hostigamiento contra la prensa.
La organización señaló que “en lo que va del año, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación”.
De acuerdo con el informe, “39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres, así como 12 medios de comunicación fueron notificados de procesos legales en su contra”. Artículo 19 subrayó que esto equivale a “un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio”, lo que refleja un patrón sistemático de presión legal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.
La organización explicó que este fenómeno representa un cambio en la forma de violencia contra la prensa, pues “ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales”. En este contexto, Artículo 19 advirtió que la judicialización del periodismo constituye un grave riesgo para el derecho a la información.
El informe también alertó sobre el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG).
Artículo 19 indicó que “esta figura, diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México, se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público”.
En algunos casos, añadió, esta figura “ha sido utilizada para eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”.
El reporte destacó que esta tendencia no es nueva, pues “desde 2016, Artículo 19 advirtió sobre el uso faccioso del marco legal mexicano para hostigar a la prensa”. Sin embargo, la organización recalcó que “en tan solo siete meses de 2025 se superó el número de víctimas registradas en cualquier año anterior”.
La organización documentó que “varias demandas por daño moral fueron interpuestas contra periodistas en entidades como Veracruz, Yucatán y Ciudad de México”, procesos que derivaron en órdenes judiciales para retirar contenidos periodísticos de plataformas digitales.
También registró que “autoridades electorales locales han iniciado procedimientos contra reporteros bajo la figura de VPEG, incluso cuando las publicaciones señaladas no contenían expresiones discriminatorias, sino críticas legítimas a actores políticos”.
Artículo 19 enfatizó que “la utilización del aparato judicial como herramienta de censura constituye una amenaza directa a la democracia y al derecho de la sociedad a estar informada”.
Por ello, la organización exigió a las autoridades mexicanas “abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas” y reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión, “consagrada en la Constitución y protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
