El Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría de votos una serie de reformas al Código Penal que tipifican y sancionan diversos delitos cometidos mediante el uso de tecnologías digitales, con el objetivo de proteger la integridad, privacidad y seguridad de los usuarios en entornos virtuales.
Durante la sesión ordinaria celebrada este jueves, los legisladores avalaron nuevas disposiciones que reconocen legalmente como delitos el ciberespionaje, el ciberasedio, así como la suplantación de identidad digital, especialmente cuando se utiliza para fraudes financieros o delitos sexuales como la pederastia.
Entre los principales cambios se encuentra el artículo 217, fracción V, que establece como delito hacerse pasar por un menor de edad mediante medios electrónicos para contactar a niñas, niños o adolescentes con fines de manipulación emocional o abuso sexual.
El nuevo artículo 258 Ter sanciona la usurpación de identidad digital, castigando con penas de uno a cuatro años de prisión a quien obtenga o utilice datos personales sin autorización, especialmente si hay fines de lucro o daño económico.
También se incorporó el artículo 407 Ter, que especifica conductas delictivas como phishing, smishing, pharming, vishing y evil twins, es decir, métodos digitales para engañar a usuarios y obtener información confidencial, particularmente datos bancarios. Quienes incurran en estas prácticas podrán enfrentar penas de hasta cuatro años de prisión.
Por su parte, el artículo 479 castiga el espionaje digital, definido como el acceso no autorizado a dispositivos o sistemas informáticos para conocer información personal, con penas de uno a tres años de prisión y multas económicas.
Finalmente, el artículo 480 tipifica el cibersedio, es decir, la agresión sistemática y constante mediante medios digitales, que cause un deterioro significativo en la salud emocional o psicológica de la víctima.
Estas reformas representan un avance legal frente al creciente número de delitos cometidos en plataformas digitales y redes sociales, y buscan proteger a la ciudadanía, especialmente a menores de edad, frente a nuevas formas de violencia y fraude en línea.
