La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó que el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda fue declarado culpable por falsificar documentos para apropiarse ilegalmente de un terreno en el municipio de San Blas.
La institución informó en un comunicado que, la audiencia de individualización de sanción fue programada para este miércoles 11 de septiembre y, “por tratarse de un asunto de interés social, la dependencia continuará informando de manera oficial y oportuna.”
La causa penal 850/2020 fue atendida por un Tribunal de enjuiciamiento durante lo que ha sido el primer juicio oral aplicado en contra de un exgobernador en México.
Sandoval Castañeda se adjudicó un terreno de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera, en Aután, municipio de San Blas y fue registrado a su nombre mediante la supuesta falsificación de la firma del propietario Rubén “N” en 2012.
Documentos oficiales del Registro Agrario Nacional indican que el 29 de marzo de 2015, ya en funciones como gobernador, Sandoval fue registrado como ejidatario 227 de Aután, accediendo con ello a tres predios.
El registro se asentó en el folio de reconocimiento de asamblea ejidal 181700006340, correspondiente a la sesión del 19 de octubre de 2017.
Al terminar su sexenio (2011- 2017) el exmandatario dejó Nayarit y tras ser declarado prófugo de la justicia en noviembre de 2020, fue detenido el 6 de junio de 2021, el mismo día de las elecciones locales para renovar la gubernatura de Nayarit, en Linares, Nuevo León.
Aunque ambas partes llegaron a un acuerdo reparatorio al margen de la Fiscalía, el caso continuó por oficio tras reconocer la autoridad la afectación causada.
La sentencia individualizada se dará a conocer en los próximos días y podría implicar al menos seis años de prisión y el pago de una multa.
Sandoval Castañeda mantiene la posibilidad de apelar esta resolución, ya que se trata de una determinación de primera instancia.
El exgobernador Sandoval permanecerá en prisión por otros delitos del fuero común y por otro que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de lavado de dinero.
