El Congreso de México aprobó el martes una ley para prevenir, investigar y sancionar con hasta 42 años de cárcel la extorsión, el único delito que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no logró disminuir durante su poco más de un año en el poder.
La ley busca atacar un delito que este año alcanzó cifras récord, con un incremento interanual del 7% en los primeros seis meses para llegar a 5 mil 887 víctimas registradas. Según cifras oficiales, 2025 es el año con más extorsiones desde que hay registro.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó también reformas para unificar la definición del delito de extorsión en todo el país y homologar las sanciones aplicables. Hasta ahora, este crimen se tipifica, investiga y castiga de manera distinta en cada estado.
La ley de extorsión y las modificaciones aprobadas el martes establecen que el delito y los actos vinculados “se investiguen y persigan de oficio”, por lo que ya no será indispensable que las víctimas presenten una denuncia para que las autoridades actúen. Asimismo, se permitirá que cualquier persona haga reportes de forma anónima.
Con ello, se busca revertir las bajas tasas de denuncia. Según cifras oficiales, el 96.7% de los casos de extorsión no se reportan debido a la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La nueva normativa, que deberá ser aprobada por la mayoría de los congresos locales del país para entrar en vigor, establece penas que van de 15 a 42 años de prisión.
Además, incluye sanciones de entre 10 y 20 años de cárcel para los funcionarios que no denuncien la extorsión. Las autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o permitan este delito enfrentarán una pena de 15 a 25 años de prisión.
“La extorsión es el delito que más crece en México y evidentemente eso no lo debemos seguir permitiendo. Hoy millones de mujeres y hombres en este país tienen que pagar un impuesto ilegal a los extorsionadores, a los delincuentes”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, la opositora Kenia López.
Asimismo, se sancionará a los reos que utilicen dispositivos electrónicos con una pena de seis a 12 años, la cual se aplicará también a los funcionarios y al personal de los centros penitenciarios que permitan la entrada de celulares u otros medios electrónicos (Reuters).
