El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue vinculado a proceso únicamente por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso relacionado con la llamada “Estafa Maestra”. La jueza de control determinó que deberá permanecer en prisión preventiva en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de dos meses.
Vera Jiménez fue detenido el 7 de noviembre en Cuautla, Morelos, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida hace siete años. La acusación se refiere a un presunto desvío de 79 millones de pesos mediante un convenio entre la universidad y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el marco del programa Cruzada contra el Hambre, impulsado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La audiencia de vinculación se prolongó por casi trece horas, entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves. Durante el proceso, la defensa, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros, cuestionó la solidez de los datos de prueba presentados por la fiscalía y afirmó que “no hay evidencia que relacione directamente a Alejandro Vera con los hechos imputados”.
El defensor explicó que los convenios observados por la FGR no fueron firmados por el exrector, sino por el entonces secretario general de la UAEM, Gerardo Ávila, quien en su momento fue acusado por los mismos hechos y obtuvo un amparo que concluyó con su exoneración. Ávila —ya fallecido— acreditó que los recursos federales asignados se ejercieron conforme a los servicios contratados, lo cual fue confirmado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinó que no existió daño al erario ni desfalco alguno en los contratos con la Sedesol, por un monto de 77 millones de pesos.
Esa resolución fue determinante para que la jueza descartara el delito de lavado de dinero —legalmente denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita— y solo lo vinculara por delincuencia organizada. La defensa insistió en que la propia ASF concluyó que la universidad cumplió con los servicios pactados y que en el caso de la UAEM “no hay elementos que acrediten la llamada Estafa Maestra”.
La jueza impuso prisión preventiva oficiosa al considerar que el delito amerita esa medida. La defensa calificó la resolución como “una decisión desproporcionada”, al argumentar que Vera Jiménez nunca intentó evadir la acción de la justicia y que durante los años que la orden de aprehensión permaneció vigente siempre estuvo localizable. Hernández Barros adelantó que presentarán apelación contra la resolución y solicitarán que el exrector pueda enfrentar el proceso en libertad.
El abogado sostuvo que el caso fue “una fabricación de la FGR” y que el expediente contiene documentación ajena al proceso. Reiteró que no existe evidencia directa que vincule a su cliente con un esquema de desvío de recursos, y negó que haya motivaciones políticas detrás de la acusación. “Este asunto debe analizarse desde el derecho, no desde la política”, subrayó.
Tras la resolución, Vera Jiménez fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta restricciones de comunicación. Su defensa informó que no ha podido tener contacto directo con su familia ni con su equipo jurídico, aunque se encuentra “sereno y confiado en acreditar su inocencia”.
De acuerdo con su equipo legal, el exrector mantiene un estado de ánimo estable, se muestra tranquilo y confiado en que el proceso judicial permitirá demostrar su inocencia. Ha solicitado mantenerse informado del avance del caso y expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad de la comunidad universitaria y de diversos sectores académicos y sociales que han manifestado su respaldo.
La defensa de Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presentó pruebas documentales con las que busca demostrar que no tuvo participación directa en los convenios señalados dentro del caso conocido como la Estafa Maestra.
Entre los elementos aportados se encuentra el convenio de coordinación celebrado el 1 de septiembre de 2014 entre la Sedesol y la UAEM, en el que la firma correspondió a Gerardo Ávila García, representante legal de la universidad, y no a Vera Jiménez. Ese acuerdo, con un valor superior a 77 millones de pesos, tenía como objetivo levantar encuestas sobre beneficiarios de programas sociales en distintos estados del país.
También se incluyó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitida en 2019, donde se declaró inexistente la responsabilidad resarcitoria atribuida a Vera Jiménez por el manejo de esos recursos. El órgano fiscalizador consideró que no había pruebas que acreditaran su intervención en las irregularidades detectadas.
A estas pruebas se suman sentencias de amparo concedidas por tribunales federales, entre ellas la del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, que otorgó protección de la justicia federal al exrector, al determinar que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones por delincuencia organizada ni lavado de dinero.
