Puebla, Pue.- Clientes del servicio de internet y televisión de paga Megacable han levantado la voz por los constantes incrementos en sus mensualidades, los cuales, aseguran, ocurren prácticamente cada trimestre. A lo largo de 2025, ya se han registrado al menos tres alzas, con aumentos que van desde los $20 hasta los $95 pesos, dependiendo del paquete contratado.
Lo que ha encendido los ánimos entre los usuarios no es solo el alza en los costos, sino la aparente falta de justificación por parte de la empresa. “No hay mejoras visibles en el servicio, sigue fallando el internet o la señal de televisión, pero eso sí, el recibo llega más caro cada vez”, comentó un usuario afectado en redes sociales.
La inconformidad se ha hecho más visible en plataformas como X (antes Twitter), donde circulan capturas de pantalla y archivos compartidos por clientes mostrando los avisos formales de Megacable sobre los nuevos ajustes tarifarios, vigentes desde el 1 de julio de este año. La molestia también ha escalado hacia las autoridades, específicamente contra la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a quien acusan de no actuar ante lo que consideran cobros injustificados.
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores de servicios deben informar con claridad cualquier cambio en precios o condiciones, así como evitar cláusulas abusivas en los contratos. A pesar de ello, Profeco no ha emitido un pronunciamiento público respecto a estas alzas sistemáticas.
Este silencio ha sido interpretado por muchos como una omisión preocupante, en un contexto donde los consumidores esperan mayor vigilancia y reglas más claras sobre cómo y por qué se ajustan las tarifas. En países como Chile o España, los servicios de telecomunicaciones están obligados a justificar por escrito cualquier incremento de precio y a permitir la cancelación sin penalización si el cliente no está de acuerdo. En México, sin embargo, esta clase de regulaciones aún parecen lejos de aplicarse con firmeza.
Mientras tanto, quienes dependen del servicio —ya sea para el trabajo, la escuela o el entretenimiento— se ven obligados a aceptar las nuevas tarifas sin muchas opciones. El reclamo general es claro: mayor transparencia por parte de las empresas y una Profeco que cumpla su papel como defensora real de los derechos del consumidor.
