Puebla, Pue. – En una jornada de intensa discusión, Morena y sus aliados en el Congreso del Estado de Puebla usaron su mayoría para aprobar modificaciones a la llamada Ley de Ciberasedio, que contempla sanciones penales para quienes ejerzan hostigamiento digital reiterado.
Con 33 votos a favor y uno de Movimiento Ciudadano, ignoraron foros ciudadanos, denunciantes y 17 amparos interpuestos por ciudadanos a través de la Unión Internacional de Personas de Derechos Humanos en contra del artículo 480 del Código Penal local.
Solo seis legisladores —cinco del PAN y una del PRI, Delfina Pozos— votaron en contra. A pesar de los señalamientos por ambigüedades en verbos clave como “insto”, “ofenda”, “agravie” y “veje”, el bloque oficialista mantuvo la redacción bajo el argumento de generar una figura legal más clara que agrupe casos de “vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa” en medios digitales.
Durante la sesión, también se ajustó la pena mínima: pasa de 11 meses a un mínimo de 6 meses de prisión, además de una multa que puede ascender a 300 UMAs (aproximadamente hasta 28 mil pesos). Asimismo, se incluyó un párrafo que excluye a los funcionarios públicos de la figura penal cuando son objeto de críticas en redes, una demanda constante en las mesas de trabajo.
Reacciones encontradas
- Para los diputados de Morena, PT y PVEM —como Laura Artemisa García Chávez, Mauricio Céspedes Peregrina y Miguel Márquez Ríos—, las correcciones fueron resultado de concertación con especialistas y periodistas, y buscan proteger la libre expresión.
- Del otro lado, legisladoras del PAN como Susana Riestra Piña y Rafael Micalco Méndez denunciaron que no se atendieron las advertencias de que la redacción podría ser inconstitucional o prestar a abusos.
- La diputada del PRI, Delfina Pozos, acusó a MC de facilitar una maniobra política para mantener la ley vigente.
- Desde Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales aseguró que su bancada presentó ajustes para asegurar “seguridad jurídica para los poblanos”.
Foros y presión social
Apenas aprobada, la ley fue llamada “Ley Censura” en redes y generó presión social para ampliar el debate. El gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó a convocar mesas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, abogados y padres de familia para discutir los alcances tras su publicación en el Periódico Oficial. Aunque la presidenta de la Junta, Laura Artemisa García Chávez, aceptó organizar más foros, enfatizó que la ley no será derogada, solo revisada para precisar su redacción.
¿A dónde va la ley?
El Congreso presentó los ajustes en un lapso de menos de un día: la iniciativa regresó al Pleno apenas 40 minutos después de ser discutida en comisiones, y fue respaldada rápidamente. Ahora, con 17 amparos en puerta, todo apunta a que la Suprema Corte podría ser la instancia que defina el alcance legal y constitucional de esta figura penal.
