Cifras revelan que al menos 32 personas han perdido la vida por estos artefactos en la región en los últimos tres años. Este panorama subraya la grave amenaza que representa esta táctica del crimen organizado para la seguridad nacional y la población civil.
Las autoridades federales continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque con una mina terrestre que cobró la vida de seis sesis miembros de la Guardia Nacional y dejó a otros dos gravemente heridos, que más tarde también perdieron la vida. El incidente, ocurrido entre el 27 y 28 de mayo en una brecha entre Los Reyes, Michoacán, y Santa María del Oro, Jalisco, ha puesto nuevamente de manifiesto la brutalidad y la escalada táctica de los grupos criminales que operan en la zona.
Tras la emboscada, se desplegó un intenso operativo de seguridad en la región con el objetivo de localizar a los autores materiales e intelectuales de la colocación del artefacto explosivo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que el Gabinete de Seguridad proporcionará información detallada sobre los avances de la investigación y los presuntos responsables. Aunque aún no existe una atribución formal, las sospechas recaen sobre cárteles con fuerte presencia en el área, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por su beligerancia y uso de armamento sofisticado.
La tragedia de los seis guardias nacionales se suma a una alarmante estadística: al menos 32 personas han muerto a consecuencia de la explosión de minas terrestres en los estados de Michoacán y Jalisco desde el año 2022. Esta cifra, documentada por diversas fuentes periodísticas, incluye no solo a personal de las fuerzas armadas y policías estatales, sino también a un número indeterminado de civiles, entre ellos campesinos y jornaleros, cuyas vidas han sido truncadas por estos artefactos ocultos.
