La autoridad judicial federal negó el amparo solicitado por Ulises Bravo Molina, hermano del exgobernador y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, y ratificó su vinculación a proceso por violencia familiar, al considerar que existen elementos suficientes que lo implican en el delito cometido contra Liu León Luna, expareja y madre de su hija.
Cabe recordar que el Tribunal de Alzada del Poder Judicial de Morelos ya había emitido una resolución favorable a Liu León el 4 de noviembre de 2024, dentro del toque penal 170/2024, revocando un auto de no vinculación a proceso dictado en primera instancia. Contra esta decisión, la defensa de Bravo Molina promovió un amparo indirecto, bajo el número de expediente 1472/2024.
El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos, encabezado por la jueza Ana Columba Contreras Martínez, resolvió el pasado 30 de abril negar el amparo promovido por Ulises Bravo Molina.
La sentencia considera que los planteamientos de la defensa carecen de sustento jurídico, al calificarlos como “inoperantes e infundados”.
En el documento se precisa que “la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ulises Bravo Molina contra el acto reclamado”, con base en lo expuesto en la consideración cuarta de la resolución.
Asimismo, se ordenó la notificación personal a las partes, incluidas las terceras personas interesadas. En caso de no haberse señalado domicilio para tal efecto, la jueza dispuso que la notificación se realice conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo, es decir, por lista en los estrados del juzgado.
Ahora corresponde a la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ Morelos), presidida por la magistrada Alejandra Hernández García, emitir la resolución correspondiente, que podría ir desde prisión preventiva hasta arresto domiciliario. Estas medidas deberán definirse en un plazo no mayor a 15 días, conforme a lo establecido en el fallo federal.
En entrevista, Nahum Rodrigo Flores Meza, abogado defensor de Liu León, confirmó que el juzgado federal determinó que existen elementos probatorios suficientes para mantener la vinculación a proceso.
“La resolución establece de manera clara que hay elementos más que suficientes para tener por acreditado el delito de violencia familiar”, indicó.
