La ejecución de 13 mineros en la provincia de Pataz, La Libertad, ha puesto todas las miradas en Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, presunto cabecilla de una de las principales organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en el norte del Perú.
La brutal matanza también ha agravado las críticas sobre la gestión del Gobierno en materia de seguridad.
Los trabajadores, empleados de la empresa R&R que brinda servicios a la minera Poderosa, fueron secuestrados el pasado 26 de abril y hallados muertos el 4 de mayo dentro de un socavón.
Durante los días de cautiverio no hubo negociación formal, aunque se sospecha que ‘Cuchillo’ habría exigido un rescate de cuatro millones de soles (alrededor de un millón de dólares).
Los asesinatos ocurrieron en pleno estado de emergencia en Pataz, decretado desde febrero debido al incremento de atentados ligados a mafias de la minería ilegal. La empresa Poderosa, además de confirmar el crimen, denunció que desde 2020 han sido asesinados 39 trabajadores.
La minera añadió que los homicidios no solo ocurrieron durante el estado de emergencia, sino también con la presencia de un importante “contingente policial”, por lo que exigió al Gobierno una estrategia más efectiva para combatir a las bandas criminales.
La respuesta inicial de las autoridades agravó la crisis, ya que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad del secuestro. Sus comentarios provocaron que congresistas de distintas bancadas impulsen una moción de censura en su contra y exigieran responsabilidades políticas por la falta de acción.
El Ministerio del Interior anunció el domingo el despliegue de un equipo élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado para dar con los autores de la masacre.
