Desde el 20 de diciembre, la Policía de Nicaragua ha detenido a un obispo, 13 sacerdotes y dos seminaristas, según han denunciado defensores de derechos humanos y dirigentes opositores en el exilio.
Ni el Gobierno ni la Policía confirman o niegan la presunta detención de esos 16 religiosos, que se unen al obispo Rolando Álvarez, quien el 10 de febrero fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida por el delito de traición a la patria.
El pasado agosto Ortega ordenó la disolución en el país de la Compañía de Jesús, los jesuitas, orden a la que pertenece el propio papa Francisco, además de expropiar todo su patrimonio.
Meses antes, el pontífice había arremetido contra el régimen de Ortega calificándolo de “dictadura grosera”, tras la condena de monseñor Álvarez.
“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, afirmó al medio Infobae.
El 18 de octubre el Gobierno nicaragüense excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba monseñor Rolando Álvarez, que se niega a abandonar el país.
Nicaragua atraviesa una crisis desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
